¿Meten reversa? CNDH buscará eliminar la prisión preventiva por robo al autotransporte
Hace unos días te informamos sobre la entrada en vigor de las modificaciones a las leyes secundarias, las cuales amplían el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Las reformas quedaron publicadas en el Diario Oficial de la Federación donde se establece que, todo aquel imputado por delitos como robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, irá a prisión hasta que no se demuestre lo contario.
Dichas modificaciones ya causaron revuelo en diversas organizaciones. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lamentó las reformas ya que, señala, “transgreden derechos humanos como la libertad personal, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la presunción de inocencia”.
De acuerdo con la Comisión, la prisión preventiva oficiosa genera escenarios de vulnerabilidad y riesgos de violación de derechos humanos, pues impide que el Ministerio Público cumpla con su obligación de investigar cabalmente caso por caso y que éstos sean sometidos a un detallado análisis judicial.
El mayor riesgo, alude la CNDH, es que no exista una investigación eficiente y una solicitud debidamente fundada y motivada.
“La CNDH no está en contra de la prisión preventiva justificada, está en contra de aquella prisión preventiva que se aplica de manera oficiosa, por imperio de la ley, vulnerando con ello, diversos derechos humanos y contraviniendo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, reiteró en un comunicado.
En consecuencia, la CNDH promoverá una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto en cuestión, para que sea el máximo Tribunal Constitucional quien resuelva sobre la inconvencionalidad del mismo.
Prisión provisional incrementa la discusión
El objetivo de la prisión preventiva justificada es evitar que las personas imputadas puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social.
Durante la discusión del dictamen, el senador Miguel Ángel Lucero Olivas del PT dijo que es una medida que asegura la presencia en la cárcel de aquellos que han trasgredido a la sociedad y que contribuirá a la pacificación del país.
“Con la aprobación del dictamen se dan pasos firmes en la lucha contra la impunidad, enfermedad heredada por un antiguo régimen de corrupción”, expuso Lucero Olivas.
En contraparte, el senador Luis David Ortíz Salinas, de Movimiento Ciudadano, expresó que estas medidas legislativas son autoritarias y contrarias a la Constitución, ya que se utiliza el derecho penal como una herramienta represiva.
Lo que se debe hacer, añadió, es fortalecer las capacidades de investigación de los Ministerios Públicos y de las instituciones del país.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en enero se reportaron 701 robos a transportistas, de los cuales 599 se llevaron a cabo con violencia.
La entidad con más robos en este periodo fue el Estado de México, con 415, le siguen Michoacán, con 86, y Puebla, con 44.
