Al menos seis empresas bajo investigación por presuntas irregularidades relacionadas con huachicol fiscal han sido adjudicadas contratos millonarios con dependencias del gobierno federal, a pesar de estar implicadas en la causa penal 325/2025 de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las dependencias involucradas
Estas empresas han logrado contratos con varias entidades del Estado, entre ellas:
- Petróleos Mexicanos (Pemex)
- Secretaría de Marina (Semar)
- Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)
- Comisión Nacional del Agua (Conagua)
- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Empresas señaladas y casos específicos
Algunas de las compañías más mencionadas son:
- Constructora y Perforadora Latina S.A. de C.V.: Arrendadora de plataformas de perforación a Pemex por más de una década. En 2022 obtuvo un contrato por 57.6 millones de dólares para perforar en aguas profundas del Golfo de México. También tiene autorizaciones de Semar para operar plataformas llamadas La Santa María y Covadonga. Se le vincula con la empresa Galem Energy.
- Abastecedora de Combustibles del Pacífico S.A. de C.V.: Suministró diésel marino a la UNAM para el buque oceanográfico El Puma entre 2022 y 2024. Su permiso de importación fue cancelado por incumplimientos, pero continúa operando como proveedor en puertos como Mazatlán, Topolobampo, Manzanillo y Guaymas.
- Maquiladora de Lubricantes S.A. de C.V.: Tiene autorizaciones de Semar para varias funciones portuarias —recolección, transporte y disposición de desechos de hidrocarburos—, algunas vigentes hasta 2029.
- Comercializadora de Combustible Gutasa S.A. de C.V.: Obtuvo un contrato de Conagua en 2019 para suministrar 500 mil litros de diésel por unos 9.8 millones de pesos.
- Ecocarburante S.A. de C.V.: Proveedora de diésel para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
- Energética Carvel S.A. de C.V.: Contratada por el gobierno del estado de Chihuahua para surtir gasolina y diésel, aun cuando sus permisos de comercialización estaban caducados en algunos casos.
Problemas de origen
- Muchas de estas empresas figuran en la causa penal 325/2025, que implica investigaciones por contrabando de hidrocarburos, documentos falsos o inexistentes, permisos cancelados, y vínculos con redes de abastecimiento de combustible de origen dudoso.
- A pesar de sanciones o cancelaciones administrativas, logran conservar contratos vigentes, lo que plantea serios cuestionamientos sobre los controles internos, transparencia y supervisión en los procesos de contratación pública.
Implicaciones
- Confianza institucional: Que empresas bajo sospecha continúen trabajando con el Estado erosiona la percepción pública de compromiso con la lucha contra el huachicol y la corrupción.
- Riesgo legal y reputacional: Las dependencias contratantes podrían enfrentar exigencias de auditoría o sanciones si se demuestra negligencia o incumplimiento en las revisiones de proveedores.
- Inconsistencias regulatorias: Se evidencian fallas en la aplicación efectiva de reglas como permisos de importación, vigencias, cancelaciones, y verificación del origen del combustible.
- Posible impacto en políticas de transparencia: Será importante que existan mecanismos claros para que se revisen estos casos públicamente, y que el gobierno refuerce las garantías de integridad en las contrataciones.
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