Tren Maya se construye sin el requisito legal del observador social

A pesar de que la legislación de adquisiciones lo establece, el organismo que construye la emblemática obra omitió convocar al observador designado por la SFP para dar fe de la correcta realización del proceso licitatorio de la mayor adquisición del proyecto.

Con el compromiso de hacer contrataciones públicas con total transparencia, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no convocó a la representante de Gobernanza Desarrollo y Transparencia Institucional AC, testigo social designado, a participar en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas presentadas en la licitación para la compra de 42 trenes, sistemas electromecánicos, talleres y cocheras para el Tren Maya, como debió hacer.

Dicho testigo social fue designado en noviembre del 2020 por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para acompañar la parte normativa y su participación en la etapa mencionada de la licitación de mayor monto del proyecto prioritario (36,564.1 millones de pesos, adjudicado al consorcio Alstom Transport México) es una de las obligaciones establecidas en el reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

“Se sugiere convocar al testigo social a reuniones de evaluación de las proposiciones en términos del artículo 67, fracción II inciso i) del reglamento…”, mencionó en su informe del proceso, con fecha 23 de junio del 2021, la representante legal de Gobernanza Desarrollo y Transparencia Institucional AC, Maricarmen Hernández Cruz, de quien quedó constancia de participación virtual en la ceremonia de fallo.

El 28 de mayo, dos días después de conocerse que el consorcio integrado por Alstom, Bombardier Transportation, GAMI Ingeniería y Construcciones Urales ganó la licitación (competía en la etapa final con el grupo de CAF y Rubau), el director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, hizo una síntesis del concurso de carácter internacional en la conferencia mañanera celebrada en el Palacio Nacional.

“La evaluación la hicimos con el apoyo de empresas conocedoras del tema”, dijo el funcionario.

Mencionó, entre otros expertos internacionales, a: PwC (parte económica), DB (en sistemas), Renfe e INECO en (materia rodante), MexTypsa (parte técnica) y al testigo social (en la parte normativa).

Sin embargo, un mes después el propio testigo social informó que “el proceso de evaluación de las proposiciones presentadas en este procedimiento se realizó sin la intervención presencial o electrónica de esta representación”.

Aún con la importancia de acompañar el resto de la licitación como garante de parte de la SFP, el propio reglamento de la ley de adquisiciones detalla que, en ningún caso el testimonio del testigo social tendrá efectos jurídicos sobre el procedimiento de contratación.

Por lo anterior el contrato respectivo se firmó el pasado 20 de junio y vence el ocho de abril del 2029.

Menor costo de los trenes

Entre otras recomendaciones hechas al Fonatur por el testigo social, sin respuesta, están: generar versiones estenográficas de las sesiones de sus órganos colegiados en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, además de que se solicite al Órgano Interno de Control una opinión jurídica sobre la idoneidad de la participación de la filial Fonatur Tren Maya en funciones de área técnica.

De acuerdo con el informe final, previo a la publicación de la convocatoria de licitación, el Fonatur hizo un estudio de mercado y solicitó a empresas como Alstom y CAF una cotización sobre el material rodante y los sistemas electromecánicos (esta información no era pública).

De las respuestas obtenidas, se concluyó que el costo promedio de trenes y sistemas era de 23,870.1 millones de pesos y el resto de infraestructura se podía hacer, igual en promedio, en 12,422.4 millones de pesos, de tal suerte que todo el paquete rondaría los 36,292.4 millones de pesos, sin IVA. De ahí que el monto presupuestal estimado era de 40,000 millones de pesos.

Finalmente, el contrato con Alstom se firmó por 31,520.5 millones de pesos, sin IVA, lo que implicó un ahorro de 767.3 millones de pesos frente a la oferta de CAF, que a decir de Jiménez Pons era un propuesta “muy robusta”, pero hubo una diferencia de precio total de 890 millones de pesos, mayor grado de contenido local y tiempos de entrega.

El testigo social avalado por la SFP

¿Quién es Gobernanza, Desarrollo y Transparencia Institucional A.C.?

• Especialidad:  Adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como en obras públicas y servicios relacionados con las mismas
• Es una asociación civil constituida el 13 de junio del 2011, en cuyo objeto social, entre otros se encuentra el de promover la democracia y legalidad en contra de corrupción, la deshonestidad y la impunidad en todo tipo de proceso judicial y administrativo y proporcionar asistencia jurídica, incluyendo la representación ante autoridades administrativas o jurisdiccionales.

Fuente El economista