Transportistas denunciaran extorsiones por parte de funcionarios de SCT
Un grupo de transportistas acudirá a las autoridades federales a denunciar las extorsiones de que son objeto operadores de tracto camiones y demás vehículos de carga, por funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Querétaro, adscritos a la dirección general de Autotransporte Federal, a cargo de Adrián del Mazo Maza.
Los inconformes revelaron nepotismo y usurpación de funciones en el Centro de Pesaje y Dimensiones de Calamandra, además “hay un terrorismo administrativo” contra empresarios, y señalaron como responsable al subdirector de Autotransporte Federal, Manuel Alberto Alcocer Leos.
Ello, pues a pesar de haber sido dados de baja como funcionarios en el estado, continúan “trabajando” familiares, de Alcocer Leos, quien se dice “apadrinado” por Adrián del Mazo, director de Autotransporte Federal, quien a su vez es hijo del ex gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo.
Diariamente tienen pérdidas millonarias debido al “entre” que deben de dar a los servidores públicos, por lo que los afectados exigen al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, remover de sus cargos a dichos personajes.
De acuerdo con su representante legal, “los transportistas son obligados a entregar una cuota mensual que va de los cinco a diez mil pesos por unidad, independientemente de que tanto Manuel Alcocer y su yerno, Isaac López Melchor, trafican con permisos federales, cambiando la adscripción de las entidades a su conveniencia”.
Manuel Alberto Alcocer Leos, subdirector de Transporte Federal en la delegación Querétaro, tiene adscritos como funcionarios “pirata” a su hija, Margarita Alcocer Ortiz y también a Isaac Melchor López Reyes, quien es esposo de la anterior, es decir su yerno.
Subrayó lo anterior al mostrar un documento conforme al oficio número 307-A-4795, girado el 7 de diciembre de 2015, donde se hace saber que se tienen que recortar las plazas y ser destituidos; pero siguen en funciones de manera ilegal, reiteraron los quejosos.
Asimismo, pidieron a la Secretaría de la Función Pública y la PGR, investigar dichas anomalías, pues se trata en los hechos de una clara “usurpación de funciones”.
Como prueba adicionales a su demanda, ofrecieron copias de documentos oficiales y testimonio de los operadores de los vehículos a quienes en el Centro de Pesaje y Dimensiones de Calamandra, Querétaro, son extorsionados con argumentos como que exceden de peso o dimensiones, además de transportar materiales peligrosos, entre otros señalamientos, por lo que tienen que dar de “mordida”, entre cinco o diez mil pesos por unidad como mínimo, de lo contrario los amenaza con ingresar al corralón correspondiente.
Los quejosos indicaron que de no ser escuchados en sus demandas, empezarían con realizar bloqueos carreteros o en su defecto dejar de transportar mercancías y materiales, lo que afectaría gravemente una cadena de la economía del país.
Fuente La Razón