Se unen en contra de regularizar autos chocolates

A raíz de los actos ilegales que ha cometido tras su elección como gobernador del estado de Baja California (como el prolongar el periodo original del mandato para el cual fue electo), Jaime Bonilla Valdez propone ahora la creación del «Instituto regularizador de vehículos chuecos», lo que de ser aprobado por los integrantes del Congreso estatal, permitiría que la ley lleve a cabo el censo de automotores que transitan de manera ilegal en la entidad.

Con tal propuesta de iniciativa de Ley, el gobierno de Baja California reta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al violar principios constitucionales.

Antecedentes

En apego a lo que se indica en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad privativa de la Federación, gravar y fiscalizar las mercancías que se importen o exporten.

El 11 de agosto de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHyCP y el gobierno del Estado de Baja California, mediante el cual, en materia de vehículos ilegales, dicha entidad federativa asumió las siguientes obligaciones:

– Verificar la legal estancia de los vehículos. En caso de no acreditarla, tiene facultad para embargarlos.

– Negar el registro estatal a los vehículos que no acrediten la legal estancia.

Cuando la entidad federativa otorgue documentación o placas a vehículos que no acrediten la legal estancia, será sancionada además de asumir la responsabilidad federal en materia de contrabando, con descuento de incentivos o en las participaciones destinadas a la entidad.

El 30 de diciembre de 2019, Bonilla Valdez remitió al Congreso del Estado la «Iniciativa de ley que crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California».

Posicionamiento

El día de mañana, el Congreso del Estado de Baja California pretende aprobar el censo de vehículos ilegales a través del pago de 1,000 pesos por trámite e identificación mediante calcomanías, otorgándoles derechos a través de un esquema registral al contrabando que pretende además, dotar al vehículo de placa o placas metálicas y tarjeta de circulación.

El censo abarcaría automóviles, camiones, omnibuses, motocicletas cualquier que fuese su tipo de combustible así como de remolques.

La iniciativa de Ley que pretende legalizar el contrabando de vehículos en Baja California, contraviene el marco jurídico federal, por lo que Implementar una institución como la propuesta, iría más allá de la pretendida regularización, ya que se persigue instituir un mecanismo paralelo que metódicamente será condescendiente con aquellos que violan la ley, sistematizando así un procedimiento que da luz verde y fomenta la ilegalidad, plasmando con ello un mensaje de impunidad.

La directiva de las Asociaciones Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA; de la Industria Automotriz, AMIA; Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, ANPACT e Industria Nacional de Autopartes, INA, están de acuerdo con la actual política de combate a la corrupción y consideran que es inconsistente apoyar cualquier acción que emane de un acto de ilegalidad, ya que ello incentiva la impunidad.

Estos organismos, solicitan la expedita intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, para hacer respetar el Estado de Derecho en México para que sea observada la supremacía normativa existente, así como el cumplimiento de los Acuerdos signados entre el Gobierno de Baja California y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evitar que Baja California transgreda las facultades de la federación y principios constitucionales, en razón de que:

Viola los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad en el pago de contribuciones y cumplimiento de obligaciones aduaneras, cuando pretende regular la ilegalidad y el contrabando, al incentivar el incumplimiento de las disposiciones federales (aduaneras) cuando trata de conceder derechos registrales a los vehículos ilegales.

Al amparo del convenio de colaboración, Baja California sólo cuenta con facultades para embargar vehículos ilegales, su obligación es salvaguardar el estado y no violentar la facultad privativa de la federación al omitir el embargo de vehículos objeto de contrabando.

El ejecutivo debe advertir, y en su caso sancionar, a los servidores públicos del gobierno de Baja California, ya que en caso de aprobarse la iniciativa, serán acreedores a las sanciones del delito de contrabando, lo que conllevaría a la aplicación de la Ley Federal de Delincuencia Organizada.

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