Gobierno obligará a todos los vehículos de paquetería a tener cámaras de videovigilancia

El Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una propuesta que busca reformar, adicionar y erogar algunos artículos del Reglamento de Paquetería y Mensajería.

Entre las modificaciones se encuentra el exigir a los particulares implementar cámaras de videograbación en todas sus unidades, algo que no pasaba antes.

La iniciativa fue presentada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER).

No obstante, el uso de cámaras no es el único gasto o trámites que las empresas de paquetería y mensajería deberían realizar. De manera general, esto es lo que el proyecto le pide a los permisionarios:

-Deben contar con materiales técnicos y humanos que optimicen las operaciones en el servicio de mensajería y paquetería como servicio de circuito cerrado, escáner de rayos X y binomio canino.

-Acreditar inmueble en propiedad o arrendamiento.

-Elaborar el listado de los domicilios de los inmuebles donde se realiza la entrega/ recepción de los paquetes.

-El servicio de paquetería y mensajería debe sujetarse a Normas técnicas de carácter general.

-Entregado el paquete, se deberá asentar los datos de la persona que lo reciba, adjuntando copia o impresión de la identificación oficial de ésta.

-Se deberá capacitar de manera anual al personal para detección de objetos prohibidos.

Empresas y organizaciones rechazan la propuesta

El proyecto no fue bien recibido ni por las empresas de paquetería ni por las organizaciones de transporte.

Hasta el cierre de esta nota, existen 16 comentarios del sector empresarial y social solicitando que se revise a detalle cada reforma, adición y erogación que se pretende implementar.

Empresas como Estafeta, DHL Express México y United Parcel Service de México, S.A. de C.V. (UPS), advierten que la propuesta indica, erróneamente, que con la regulación propuesta no se generarán costos ni obligaciones a los particulares.

“El Artículo 10 implica inversiones fuertes adicionales y el contar con cámaras en dentro de las unidades no refleja o se traduce en ningún aspecto de utilidad para los fines perseguidos por la SSPC”, fue la postura de Estafeta Mexicana S.A. de C.V.

En su carácter de apoderado legal de DHL Express México, Rodrigo Martínez Serrano, sostiene que no se puede permitir que la misma autoridad que propone un proyecto de reforma, decida si la misma debe o no analizarse por un posible impacto regulatorio, como de manera injustificada y violatoria de derechos fundamentales se pretende hacer en el caso en estudio. 

“Por lo anterior, se solicita a esa H. Comisión que rechace la exención del análisis de impacto regulatorio solicitada por la promovente, al tener costos regulatorios de cumplimiento con alto impacto con afectaciones al mercado, productividad, en competencia y riesgo, entre otros”.

Por su parte, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, (CANACAR), envió un escrito a la CONAMER, donde advierte sobre la necesidad de elaborar un Análisis de Impacto Regulatorio, justificando cada modificación que se propone en este Proyecto.

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