Empresarios y transportistas de Nuevo León truenan contra Ley de Movilidad de El Bronco

La Iniciativa Privada del Estado de Nuevo León tronó contra el proyecto de Ley del Movilidad Multimodal que El Bronco enviará el próximo lunes al Congreso local ya que contempla un registro de vehículos pesados lo cual es innecesario e ilegal pues los tráileres ya tienen placas y registro federal.

“Establece una doble regulación al transporte de carga al mandatar que las placas federales deban registrarse ante la autoridad estatal, lo anterior genera un trámite adicional que se presta a la corrupción y pérdida de recurso por parte de las empresas transportistas”, indicó el director de Relaciones Institucionales de la Caintra, Jesús López.

Lo peor de todo es que desconocen si esta especie de doble placa local tendrá un costo para las empresas y de ser así sólo afectaría la competividad.

“El ente que ve por el largo plazo en Nuevo León que es el Consejo Nuevo León para la planeación estratégica también ha sido marginado en estas discusiones en de la Ley de Movilidad”, afirmó la directora del Consejo Cívico, Sandrine Molinard.

La postura de los empresarios se dio a conocer al cerrar un evento sobre transporte público.

El representante de la Cámara de la Industria de la Transformación, la Caintra, también censuró que el gobernador quiera “agandallar” el 70% de los asientos del Consejo Estatal del Transporte que es donde se deciden las tarifas.

“Prácticamente va a estar el gabinete completo del Estado que sabemos que va a votar en el sentido que el Ejecutivo lo requiera”.

“La representación de cara a la sociedad, de cara al usuario, de cara a los organismos pues está totalmente desbalanceada, un organismo que tenga el 70% de la participación del Estado pues sencillamente es un elefante blanco”, dijo el vocero empresarial.

Otro punto en el que están en desacuerdo es en la verificación vehicular ya que no se establece un plan consecuente para combatir la contaminación con los resultados de las revisiones.

“Lo que preocupa nuevamente es el proceso. ¿Cómo va a ser? ¿Qué tan simple o qué tan complejo se puede instrumentar? ¿Va a tener o no va tener costo? ¿Quién va a ser el que va a regular esta entidad? ¿Quién va a concesionar o qué ente es el que va a hacer la verificación?”, cuestionó.

La postura de Caintra fue apoyada por los organismos privados al afirmar que el Estado no los tomó en cuenta para elaborar un proyecto de ley que, en su momento, el Congreso local deberá determinar si lo aprueba o rechaza.