Transporte ferroviario: ¿sobrevivirá a la inseguridad?

En su artículo de opinión del lunes anterior –publicado en nuestras páginas–, el periodista Carlos Loret de Mola advertía respecto del aparente surgimiento de un nuevo “sector de negocio” del crimen organizado en México: sabotear los trenes de carga que circulan por la red ferroviaria.

Citando informes de inteligencia, el conductor televisivo planteó la existencia de una compleja trama delincuencial que iniciaría con el intento de extorsionar a las empresas ferroviarias y, si estas no acceden a las pretensiones de los criminales, entonces el tema derivaría en el “robo” de las vías del tren con el propósito de provocar el descarrilamiento de convoyes.

El artículo llamaba la atención respecto de la vulnerabilidad que presenta la red ferroviaria, pues resulta imposible vigilar cada kilómetro de vías férreas y eso, en primera instancia, pareciera otorgar la ventaja a los delincuentes.

En línea con las revelaciones de Loret de Mola, en esta edición publicamos un informe que recoge el contenido del “Reporte de Seguridad en el Transporte Ferroviario Mexicano 2017”, documento que ubica a Coahuila como una de las cinco entidades del País donde existen “focos rojos”, debido a una alta incidencia en el robo de mercancía, vandalismo y accidentes relacionados con el ferrocarril.

De acuerdo con el informe, Coahuila no es solamente la quinta entidad del País con más alta incidencia en el número de robos a los ferrocarriles: también es la única del Norte en donde este fenómeno se presenta en tales magnitudes.

El texto de Loret de Mola, primero, y el contenido del Informe señalado, después, constituyen una luz de alerta que debe ser atendida de inmediato por las autoridades federales y estatales, mediante acciones conjuntas.

No se trata aquí –y sería una pésima idea plantearlo de esa forma– de “echarse la bolita” entre el Gobierno Federal y Estatal para ver de quién es la jurisdicción o quién debe “entrarle primero” al fenómeno. De lo que se trata es de entender que estamos ante un problema relevante que, de no atenderse con oportunidad, traerá consecuencias negativas para todos.

La existencia de una red ferroviaria eficiente, capaz de darle viabilidad al sistema de suministros de la industria, así como de transportar mercancías a lo largo y ancho del País, constituye uno de los elementos de la competitividad que requiere toda región que pretenda generar riqueza.

No puede ponerse en riesgo el funcionamiento eficaz de dicha red porque, más allá de las consecuencias legales en términos de delitos cometidos, lo que se pone en riesgo son áreas sensibles de la economía y eso implica costos que no debemos siquiera plantearnos la posibilidad de pagar.

Sí, como lo ha afirmado el columnista Loret de Mola, estamos ante una red delincuencial que pretende doblegar a las empresas ferroviarias, estamos hablando de un desafío al estado de derecho similar al que vivimos en épocas recientes, cuando los delincuentes intentaron imponernos su código de conducta a punta de pistola.

Tal como ocurrió en aquella ocasión, el Estado mexicano simplemente no puede ceder frente a una pretensión de esta naturaleza. Pero, además, tampoco puede permitir que el problema evolucione, sino que debe atajarlo de inmediato y de forma contundente.

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