Terminal de Contenedores Quetzal se perfila como centro logístico en Guatemala
La semana recién pasada entró en vigencia el acuerdo gubernativo 151-2016, donde el Presidente de Guatemala Jimmy Morales otorgó a la Procuradora General de la Nación (PGN) facultades para resolver lo relacionado al caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Según la información publicada en Prensa Libre de Guatemala el mismo día, el superintendente de la SAT autorizó a TCQ como auxiliar de la función pública aduanera, es decir, para actuar como depositario aduanero temporal. Esta figura, contemplada en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Cauca), se refiere al régimen mediante el cual los productos son almacenados por un plazo determinado en un lugar habilitado para ese efecto, bajo la potestad de la SAT y con suspensión de derechos e impuestos.
El depositario, en este caso TCQ, se convierte en el responsable del almacenamiento, custodia, protección, seguridad y conservación de los productos, que durante el plazo de su depósito podrán ser sometidas a reacondicionamiento, reembalaje, análisis o cualquier otra actividad necesaria para asegurar su conservación e identificación, siempre que no se modifique o altere su naturaleza.
Deberá también permitir la salida de los productos una vez cumplidas las formalidades legales y requisitos exigidos por la SAT. De este modo, los terminales se convierten en centros logísticos al servicio de Guatemala y de los países vecinos, permitiéndoles mejorar su competitividad.
Esto porque los exportadores e importadores requieren de infraestructura portuaria que les permita disminuir sus costos, mejorar los tiempos de envíos, desaduanaje y tránsito a terceros países o zonas francas.
Otras inversiones en la región
Países como Costa Rica, están planean crecimientos similares a TCQ, tal es el caso de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), cercana a Puerto Limón, en el Caribe. Se ha previsto un crecimiento sostenido en comercio y disminución en el costo de transporte, que en los siguientes diez años de operación, a partir del 2018, podrían generar 147.000 empleos y un impacto mayor del 5% del PIB.
TCM será competencia directa para los puertos guatemaltecos, ecuatorianos y colombianos. Por otro lado, se prevé que la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva) recibirá US$12,5 millones anuales por parte de TCM, lo que deberá invertirse en desarrollo económico y social de la región.
En abril pasado, en Colombia, el Terminal de Contenedores de Buenaventura casi duplicó su capacidad de manejo de contenedores; en palabras del vicepresidente colombiano, Angelino Garzón: “La ampliación del terminal es una muy buena noticia, pues este pasó de recibir anualmente cerca de 350.000 TEUs (7 millones de toneladas) a 600.000 contenedores año (12 millones de toneladas), lo cual aumentará significativamente la productividad del puerto”.
Y a finales de junio, mucho más cerca, en El Salvador, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) reinauguró el puerto de Acajutla después de una inversión de US$460 millones para su modernización, y en palabras del vicepresidente del país: “Los trabajos son parte del plan de modernización de la infraestructura logística que ejecuta el Gobierno, con el fin de convertir al país en una plataforma logística a nivel regional, dar un mayor impulso a la economía nacional y fomentar el desarrollo productivo generando más empleos”.
Según la publicación, los procesos penales que han puesto en la palestra a TCQ y las habilidades de la PGN con el nuevo dueño de la Terminal, caminarán por caminos separados, respetando el Estado de Derecho y teniendo como objetivo la competitividad y desarrollo de Guatemala.
Apuran análisis de concesión
En el ámbito legal, La procuradora Annabella Morfín de Guatemala, informó que ya recibió información de la Empresa Portuaria Quetzal y del Ministerio de Finanzas, respecto a la situación de TCQ, la que servirá para determinar el monto de reparación civil que debería pagar la empresa APM Terminals al Estado, según la propuesta del interventor del terminal Alexander Aizenstatd.
La funcionaria explicó que debido a que según el interventor la Terminal no tiene recursos para operar, se hace urgente que se presente una propuesta de ley ante el Congreso para una nueva concesión.
Dicha propuesta está siendo elaborada por la PGN, organismo que posteriormente la enviará a la Secretaría General.
Lo anterior responde a la petición que hizo el presidente Jimmy Morales al Congreso guatemalteco, sobre apresurar el proceso de aprobación de una concesión por ser un tema de urgencia.
Por Mundo Marítimo