Se rebelan los verificentros en la CDMX

La renovación de autorizaciones para los verificentros ya provocó una rebelión de los actuales empresarios del sector.Jueces federales empezaron a recibir el viernes decenas de amparos que impugnan la convocatoria publicada el 14 de marzo por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México para otorgar 55 permisos para verificentros, que estarán autorizados durante 10 años a partir de enero de 2018.

Se trata de la primera convocatoria de ese tipo desde 1995, que la Sedema consideró necesaria ya que el 31 de diciembre vencerán los permisos de los actuales verificentros, algunos de los cuales operan con equipos que tienen 20 años de antigüedad.

De los 70 centros actuales, al menos 59 obtuvieron su autorización con base en la convocatoria de 1995.

Los verificentros afirman que la convocatoria carece de fundamentación y motivación legal adecuadas y cuestionaron la aplicación retroactiva del artículo 15 del reglamento de la ley ambiental en materia de verificación vehicular, expedido por el exjefe de gobierno Marcelo Ebrard, que permite a la Sedema realizar esas convocatorias.

Algunos también impugnaron el pago de 100 mil pesos impuesto por la Sedema para comprar las bases del concurso, dinero que irá al Fondo Ambiental Público.

El pago no es recuperable, no garantiza que se obtendrá la autorización y se tiene que hacer por cada establecimiento para el que quiera conseguirse el permiso.

Reforma detectó ayer 31 amparos en 14 de los 16 juzgados de distrito en materia administrativa, ninguno de los cuales ha otorgado una suspensión para frenar la convocatoria de Sedema.

Cinco jueces admitieron a trámite los amparos pero negaron la suspensión provisional solicitada por los quejosos, mientras que otros cuatro jueces pidieron aclarar las demandas, como por ejemplo, qué puntos específicos de la convocatoria les afectan.

Los cinco juzgados restantes desecharon por notoria improcedencia los amparos, algunos por considerar que la convocatoria solo es el inicio de un procedimiento que aún no concluye y otros porque afirman que no puede dictarse una sentencia que tenga el efecto general de cancelar todo el concurso, y por tanto no tiene caso desahogar el juicio.

Para la Sedema, el problema es que en los amparos admitidos sí podría haber un eventual pronunciamiento sobre la legalidad de la convocatoria, lo que pondría en riesgo las autorizaciones que otorgue.

La presentación de propuestas y solicitudes ante la dirección general de gestión de la calidad del aire está agendada para el 27 de abril y el anuncio de los ganadores de las 55 autorizaciones será el 12 de mayo.

Todas las resoluciones de los jueces, tanto admisiones como desechamientos y negativas de suspensión, pueden ser impugnadas por las partes ante un tribunal colegiado.

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