CUERNAVACA, MORELOS, 12JULIO2017.- Por la mañana se abrió un socavón en los carriles laterales del llamado Paso Exprés que ha dejado como sadlo, hasta el momento, dos hombres muesto; este libramiento erá señalado por el Presidente de México Enrique Peña Nieto, el 5 de abril de este año, como uno de los más modernos, además que iba permitir llegar a los paseantes de la Ciudad de México a Acapulco, Guerrero, en menos de tres horas, ya que evitaba pasar por el tráfico de Cuernavaca. En la imagen de archivo el Jefe de Ejecutivo saluda al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, durante la inauguración de la obra. FOTO: MOISÉS PABLO /ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM

Ruiz Esparza mintió al Senado sobre socavón de Cuernavaca; CNDH señala posible corrupción

“¿Qué habría detrás de esa opacidad? Fue la cadena de irregularidades lo que se escondía detrás de la falta de rendición de cuentas”, señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto al caso del Paso Exprés de Cuernavaca.

Para la CNDH, la opacidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), la Comisión Nacional del Agua (Conagua)dan “elementos e indicios de un posible esquema de corrupción”, por lo que piden se investigue por las autoridades competentes en los ámbitos penal y administrativo.

La CNDH acusó que los servidores de la SCT no proporcionaron de manera oportuna la información solicitada para la investigación, “al grado de enviar información desordenada y confusa contenida en cajas”, lo que representó un esfuerzo de análisis que pudo haberse simplificado. “Conducta que en sí misma creó obstáculos adicionales a la labor de la CNDH”.

A más de un año de lo ocurrido, solo 9 servidores públicos han resultado sancionados entre el total de los que intervinieron en la obra y ninguna de las empresas han sido sancionadas.

El hecho continúa impune, al no haber responsables penalmente.-CNDH.

Graves deficiencias en el Paso Exprés

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó las graves deficiencias en la planeación y construcción del Paso Exprés de Cuernavaca, que terminó con el fallecimiento de cuatro personas, incluido Juan Mena López, y su hijo, Juan Mena Romero, quienes cayeron al socavón.

La CNDH dirigió la Recomendación 34/2018 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, la Comisión Nacional del Agua, al Gobierno de Morelos y al Ayuntamiento de Cuernavaca.

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay una gran cadena de irregularidades irresponsabilidades, aunque la SCT es la principal: “Desde el diseño y planeación, así como justificación del Proyecto Ejecutivo, solicitud de permisos y autorizaciones, elaboración de estudios de viabilidad y de impacto medio ambiental en tiempo, convocatoria y proceso de licitación, así como juntas de aclaración, contratación, modificaciones a los contratos con las empresas privadas, supervisión, y atención de incidencias una vez inaugurada”.

Aún así, acusó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, de realizar “declaraciones faltas de verdad ante el Senado de la República y de deslinde de responsabilidad en medios de comunicación”.

Dos personas más fallecieron

La CNDH documentó que el 12 de octubre de 2016, ocho meses antes del socavón, una persona conducía su motocicleta cerca de la zona donde se realizaban los trabajos del Paso Exprés y en el que había cables colgando sobre la carretera. Uno de ellos lo golpeó sobre el pecho y le provocó la muerte.

El 14 de julio de 2017, dos días después de ocurrido el socavón en el Paso Exprés, en el corredor peatonal “Palmira”, donde supuestamente se había colocado una valla de seguridad, otra persona cayó y falleció.

El socavón no es un mero accidente, sino la consecuencia de una obra pública muy mal diseñada, construida y supervisada por la SCT, Banobras y las empresas involucradas.-CNDH.

Para la Comisión Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “fue responsable de todas las irregularidades derivadas de la construcción de la obra Paso Exprés (…) todo lo cual, en conjunto, fue determinante para que ocurrieran los eventos de V1, V2, V3 y V4 que los privaron de la vida”, dice la recomendación en referencia a las cuatro personas que perdieron la vida.

Estas son algunas de las fallas en la cadena de irregularidades del Paso Exprés:

• No se contó con un proyecto ejecutivo de los 10 carriles, ni de la adjudicación a las empresas ganadoras. El proyecto se entregó 6 meses después de ocurrido el socavón.

• La SCT no justificó con documentos por qué era mejor y más viable realizar una ampliación de carriles respecto de construir una vialidad elevada como inicialmente se proyectó.

• La empresa constructora dañó la infraestructura de agua potable durante los trabajos, afectando a comunidades aledañas.

• La convocatoria de las bases de licitación no contenía los detalles mínimos y básicos de la obra. La SCT no señaló razón para no publicar la descripción general de la obra y el lugar en donde se llevarían a cabo los trabajos.

• La empresa encargada de la construcción no entregó la póliza de seguro por daños a terceros a la firma del contrato y la SCT tampoco la exigió.

• Los contratos firmados con las 4 empresas carecían de la descripción de los trabajos y servicios a realizar.

• Hubo irregularidades en la ejecución y pago de los trabajos de 3 de las empresas contratadas, como pagos sin justificación por trabajos no previstos, sin cumplir con especificaciones del contrato y servicios que no se cumplieron.

• La empresa encargada de la construcción fue instruida para modificar el proyecto original sin autorización y aprobación de las áreas responsables.

Como sucede con gran parte de los contratos de infraestructura en México que tienen una mala planeación y ejecución, las obras públicas terminan costando más dinero y llevan más tiempo. El caso del Paso Exprés no es la excepción.

Todos los contratos fueron modificados por lo menos en una ocasión, en un caso hasta 4. Implicó cambio de fechas, montos de pago incrementándose en un 67.94%, de 1,134 millones 215 mil 941 pesos a 1,669 millones 286 mil 406 pesos. En dos casos, los plazos de la prestación de los servicios aumentaron hasta 210 días.-Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Aunque la SCT debía solicitar una autorización de la Secretaría de la Función Pública para tales aumentos, no lo hizo, “lo cual cuestiona su justificación y transparencia”, explica la CNDH en la Recomendación 34/2018.

Fuente Huffpost

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