Robo de cumbustible en ductos creció % en 2015

El número de tomas clandestinas para robar combustible a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) creció 55 por ciento de enero a noviembre de 2015, al sumar 5 mil 91, por 3 mil 286 del mismo periodo de 2014.

Incluso la cifra reportada al undécimo mes de este año supera ya las 3 mil 674 tomas aseguradas de 2014, a pesar de las acciones que ha tomado Pemex para enfrentar el problema.

El 17 febrero de este año, Pemex anunció que dejaría de transportar gasolinas terminadas por los ductos, para desincentivar la ordeña, pues en esa etapa no son aptas para su uso en vehículos y plantas industriales.

En marzo la empresa dijo a MILENIO que comenzaban por el poliducto Salamanca-Guadalajara, por donde ya no se mueve magna, premium ni diésel. Pero son Guanajuato, Tamaulipas, Puebla y Jalisco los estados que lideran el robo de combustibles, pues en conjunto son 2 mil 916 tomas, lo que representa casi 58 por ciento del acumulado de enero a noviembre.

Otras entidades con un número importante de tomas ilegales son Estado México, Michoacán, Tabasco y Veracruz, las cuales suman mil 545.

La empresa productiva del Estado ha reconocido que en promedio se  mueven en el mercado ilícito 27 mil barriles diarios de gasolinas y diésel. Calcula que de enero a noviembre de este año ha perdido más de 9 millones de barriles de combustibles a manos del crimen organizado.

En este punto, el director general de Transformación Industrial de Pemex, Alejandro Martínez Sibaja, ha dicho que siguen puntualmente la ley para evitar el robo de combustible que actualmente se discute, ya que es un tema importante para todos, no solo para la petrolera.

El tema se ha quedado estancado en el Congreso de la Unión, aunque ahora hay visos de que la reforma que tipifica el robo de combustibles es de las prioridades a discutir antes del cierre de sesiones el 15 de diciembre.

Lo cierto es que ya hay un rezago importante, pues en agosto pasado, la Comisión de Energía del Senado dijo que en los primeros 15 días de septiembre se aprobaría la nueva minuta de ley, con sanciones más fuertes para el robo de combustibles.

Entonces, el senador Jorge Luis Lavalle (PAN) apuntó que se estudiaba que a la minuta incluyera protección a inversionistas privados.

La propuesta aborda el tema del daño al patrimonio de la nación, “pues solo estaríamos hablando de producto propiedad del gobierno que viaje por ducto, pero el próximo año los inversionistas privados ya podrán importar”, dijo Lavalle.

En ese sentido, el presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, José Ángel García Elizondo, dijo que si bien los ductos son el medio más barato para transportar gasolinas, el costo que tienen que pagar en seguridad le resta ese plus.

Es por eso que los nuevos jugadores evalúan las inversiones en esa infraestructura, aun cuando en 2017 ya podrán hacer sus propias importaciones.

“Se tiene calculado que la inversión adicional está entre 10 y 20 por ciento; ese nivel reduce la competitividad que pueda tener el ducto, le pega en ese atractivo… Hay empresas que han estado evaluando la construcción de ductos y un costo que les impacta es la seguridad de los mismos, de vigilancia área —avionetas para territorios planos y helicópteros en montañas— y con drones”, dijo García Elizondo.

Daño de 40 mil mdp

Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada del PRI en el Senado, dijo que buscará acuerdos y concertará con las demás fracciones para legislar contra un delito que representa un grave riesgo para los ciudadanos y un daño de 40 mil millones de pesos anuales a las arcas públicas.

Recordó que la minuta llegó de la Cámara de Diputados con el consenso de todas las fuerzas políticas, “por lo que confiamos en que sea aprobada y se convierta en ley lo antes posible”.

Hizo notar que no se puede dejar de lado el daño que causa al medio ambiente esa actividad delictiva, por lo que en la ley se incluirán conductas que no eran consideradas delitos, al tiempo de acabar con las multimillonarias ganancias ilícitas, solo detrás de las producidas por el narcotráfico y la venta de armas.

De acuerdo con Gamboa, el robo de combustibles representa un peligro para las familias que habitan cerca de las tomas clandestinas, un grave riesgo para los vehículos que utilizan gasolinas robadas y un severo daño a las finanzas públicas.

Asimismo, dijo que el daño patrimonial “podría utilizarse en reparar 80 por ciento de las escuelas públicas en todo México o 500 millones de pesos más de lo que será la inversión para 2016 del programa para adultos mayores”.

La reforma, que tuvo el aval de las bancadas en San Lázaro, establece sanciones de 15 a 25 años de prisión y multas de un millón 50 mil hasta un millón 750 mil pesos a quienes sustraigan hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, equipos, vehículos o instalaciones, sin consentimiento de permisionarios, distribuidores, contratistas o asignatarios, pena que también será aplicable a quien financie la ordeña ilegal de hidrocarburos.

El senador afirmó que este tema es parte de la agenda legislativa del PRI y que, junto con otras medidas, “como la modificación de Pemex a su estrategia para el traslado de gasolinas y diésel, se aprovecharán más recursos para invertirlos en salud, infraestructura y programas sociales, a fin de combatir la desigualdad”.

 

Fuente Milenio

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