¿Por qué no prosperan los trabajadores mexicanos en la industria automotriz?

En una ceremonia en la residencia presidencial de Los Pinos en México, el director general de BMW, Harald Krüger, se comprometió a gastar 1,000 millones de dólares en construir una fábrica en San Luis Potosí, que daría empleo a 1,500 trabajadores. Para conmemorar la ocasión, regaló al presidente Enrique Peña Nieto un modelo de un automóvil de carreras plateado de BMW.

El fabricante alemán de automóviles abrió su propio regalo dos días antes: un contrato laboral firmado por un representante del sección estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la confederación sindical más grande del país, avalado por un funcionario de la Secretaría del Trabajo.

El documento, revisado por Bloomberg, establece un salario inicial de 1.10 dólares por hora y un salario máximo de 2.53 dólares para trabajadores de la línea de ensamblado. La tarifa inicial es sólo un poco más de la mitad de los 2.04 dólares la hora que es el promedio en las plantas automovilísticas mexicanas, dice Alex Covarrubias, profesor de la Universidad de Sonora en Hermosillo.

La documentación fue presentada dos años antes de que BMW empezara a construir la nueva planta, que producirá sedanes de la serie 3 de 45 mil dólares. Cuando los trabajadores empiecen a entrar a la fábrica en algún momento del próximo año, es muy probable que la mayoría no sepa que pertenecen a un sindicato.

Los llamados contratos de protección -acuerdos negociados entre una empresa y un sindicato que no representa legítimamente a los trabajadores- son ilegales en Estados Unidos y Alemania. Pero Lance Compa, conferencista sénior de la Escuela de Relaciones Industriales y Laborales de Cornell, dice que son procedimientos operativos estándar en México, donde los acuerdos se establecen fábrica por fábrica en lugar de colectivamente para toda la empresa o industria.

Los expertos dicen que esta es la principal razón por la que los salarios en el sector automotriz se han estancado en los últimos años, a pesar de una nueva ola de inversiones de fabricantes extranjeros, y más recientemente de fabricantes alemanes y japoneses. Los jefes sindicales y políticos de México están más interesados en mantener a las empresas felices que en elevar el nivel de vida de los trabajadores, sostiene Covarrubias. “Los contratos de protección son una forma de mantener los salarios artificialmente bajos”, dice.

En campaña, Donald Trump se comprometió renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), para impedir que los fabricantes estadounidenses de automóviles y otros trasladen su producción a México. Sin embargo, ajustar las tarifas y reestructurar las normas de contenido local quizá no hagan mucho por frenar el traslado de empleos del sector automovilístico a México.

“Los contratos de protección están en el centro de la presión sobre los salarios fabriles en Estados Unidos y otros países”, dice Harley Shaiken, profesor de temas laborales en la Universidad de California en Berkeley.

Estos contratos se remontan a los años treinta, cuando las leyes laborales permitían a los sindicatos iniciar una huelga en una fábrica, tuvieran empleados afiliados en la planta o no, dice Héctor Barba, abogado laboral de la Unión Nacional de Trabajadores, rival de la CTM.

Esto permitió a los sindicatos extorsionar a las compañías para conseguir dinero a cambio de evitar paros laborales, dice. Para proteger a los inversionistas, México introdujo leyes en los años ochenta que permiten a los empleadores inscribirse en un sindicato, evitando así que otros sindicatos organicen huelgas en sus plantas.

La Organización Internacional del Trabajo, un organismo de la Organización de las Naciones Unidas encargado de vigilar los derechos laborales en todo el mundo, pidió al Gobierno mexicano en 2012 que abordara la cuestión de los contratos de protección. Una reforma constitucional, promulgada en febrero, requiere que los sindicatos demuestren que representan legítimamente a los trabajadores y transfiere la responsabilidad de arbitrar los conflictos laborales del Poder Ejecutivo a los tribunales.

En una entrevista, el subsecretario del Trabajo Rafael Avante reconoció que el viejo sistema “abrió la puerta a vicios”, razón por la cual el gobierno lleva más de un año inspeccionando las plantas para asegurarse de que los trabajadores estén conscientes de sus derechos contractuales. Sin embargo, dice que permitir que los empleados voten sobre los contratos no es deseable, ya que podría embrollar a las empresas en amargas negociaciones. “Tenemos que traer orden”, dijo Avante.

Su jefe, el presidente Peña Nieto, se ha jactado en varias ocasiones de que las tensiones laborales han disminuido bajo su mandato. “En un año y medio no se ha presentado una sola huelga de jurisdicción federal”, dijo Peña Nieto durante una ceremonia en 2015 para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores.

“Expreso mi mayor reconocimiento a las organizaciones sindicales y centrales obreras del país, por este ánimo constructivo que, sin duda, constituye una señal de certeza y estabilidad para las inversiones productivas, tanto nacionales como extranjera”, mannifestó.

Los salarios en el sector automovilístico de México se han estancado porque los contratos no dan voz y voto a los trabajadores sobre la paga.

Funete Economia Hoy

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