Pese a escándalo de corrupción OHL mantendrá sus concesiones 

Hay por lo menos dos motivos por los que OHL México puede mantener sus concesiones, pese a la difusión de presuntas conversaciones que muestran supuesta corrupción.

Para la ley mexicana, no hay pruebas de corrupción y, aun si las hubiera, el gobierno no puede revocar los contratos tan fácilmente.
Las primeras grabaciones fueron conocidas en mayo de 2015 y en ellas se escucha a sus ejecutivos hablando de un sobreprecio en el peaje del Viaducto Bicentenario del Estado de México.

Los audios causaron indignación y llamados a revocar las numerosas concesiones de OHL, especialmente la del Viaducto Bicentenario. También hicieron caer su acción 33% en la Bolsa local y 18% en la de Madrid durante ese mes.

En julio se dieron a conocer nuevas grabaciones, en las que presuntamente la firma acordó pagar vacaciones al secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, y supuestamente obtuvo información privilegiada de licitaciones.

Otro audio, difundido a fines del mismo mes, sugiere que el presidente del consejo, José Andrés de Oteyza, habría recibido un bono por 40 millones correspondiente a 2014 a través de facturas.

OHL ha denunciado una campaña de hostigamiento en su contra con grabaciones manipuladas e ilegales.

  

La corrupción no se contempla

Precisamente como los audios se consiguieron de manera ilegal, no son pruebas legítimas, explica Ana Lilia Moreno, investigadora del CIDAC.

Si, aun así, el gobierno federal o los estados involucrados quisieran intentar revocar las concesiones, la tendrán difícil. Una revocación, “usualmente, es por falta de otorgamiento del servicio o porque la empresa renuncie a la concesión”, dice el socio del despacho Santamarina y Steta, a Expansión en su edición de Las 500 Empresas más Importantes de México 2015.

“Pero la corrupción no está entre las razones, según la ley”. Entre las revocaciones más conocidas están las de Mexicana de Aviación en 2014 —por haber dejado de dar servicio— y la del tren México-Querétaro en 2015, que Presidencia canceló tras reclamos por supuesta falta de transparencia.

No hay ni una por corrupción. La Reforma Anticorrupción que el presidente Enrique Peña Nieto promulgó en mayo contempla sancionar a empresas que corrompan. Claro que la ley no es retroactiva, por lo que no aplicaría para OHL.

En el futuro, cómo se resuelvan estos casos dependerá de las leyes secundarias que ahora tiene que redactar el Congreso.

Los legisladores deben modificar las atribuciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que pueda sancionar a funcionarios y particulares.

Además, explica Óscar de los Reyes, director del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey, “se tienen que cambiar leyes de obras públicas, pero sobre todo, la forma en que se hacen los contratos”.

En un caso como el de OHL, una vía de revocación por corrupción sería un decreto del presidente o de un gobernador, lo que implicaría indemnizar a la empresa, según los expertos. La otra es un proceso administrativo, largo y complicado, que puede no derivar en una sanción si la empresa logra un amparo. Si recurren a un decreto, explica De los Reyes, los gobiernos “pueden alegar que están actuando en beneficio del interés público”.

Fuente Expansión 

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