Mercancías robadas en trenes encuentran mercado en la CDMX

“Pásele, pásele: aquí hay garantía”, grita desde una esquina un vendedor de aparatos electrónicos en el barrio de Tepito de la capital mexicana, el máximo nido del comercio negro, producto de robos y asaltos en el sistema de transporte del país. “Aquí tenemos mercancía robada, no clonada”.

El comerciante de la Ciudad de México es el último eslabón de una larga cadena de impunidad que comienza en las vías férreas que se encuentran en los estados vecinos de Querétaro y Guanajuato (centro), donde se concentra el 80% de asaltos, descarrilamientos y paradas forzadas para robo de mercancía.

Los principales afectados son algunas las más poderosas empresas nacionales e internacionales entre las que se encuentran las tres principales dedicadas al transporte de carga por tren que son Grupo México, Ferromex y Kansas City Southern además de otras como Cementos Mexicanos, Femsa, Bimbo y Sabritas.

Todas ellas han lazado desde el año pasado gritos desesperados de apoyo al gobierno mexicano con cálculos de pérdidas anuales por alrededor de un millón de dólares, pero se han topado con pared.

“El índice de eficiencia en la persecución del delito es del 1%”, dijo Fernando Ramos, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal (AMTI) cuyos socios interpusieron sólo el año pasado 10,000 denuncias.

Pero el delito no está cobijado únicamente en la impunidad, sino en la complicidad de los pobladores y la asociación delictuosa incluso por parte de trabajadores de algunas empresas.

El procurador de justicia del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa, acusó en fechas recientes a los conductores de los trenes de bajar la velocidad e incluso detenerlos totalmente en lugar de acelerar en zonas consideradas como “focos rojos”.

Una vez que el tren se encuentra detenido (sea por el conductor o por descarrilamiento) el modus operandi varía según la zona: en ocasiones toda una población se vuelca en sacar la mercancía en un caos total de rapiña; otras veces, las bandas organizadas llegan con palas o maquinaria para sacar los productos que vacían a camionetas particulares que los llevan a vender a mercados locales o a las principales ciudades.

Granos, electrodomésticos, pantallas de plasma, refrigeradores, llantas, autopartes, calzado, ropa, juguetes de alta calidad rematados a bajos precios. Al final de cuentas, nada les cuesta producirlos y el respeto es nulo.

El 6 de junio pasado un grupo de ladrones frustrado porque no pudo sustraer la mercancía –las empresas gastan hasta el 25% de su costo logístico en sistemas de seguridad- quemó un vagón completo de papel para reciclar y puso en peligro a toda la población de la cabecera municipal de Silao porque estuvo a punto de alcanzar otro vagón que contenía ácido fosfórico.

Actualmente se encuentran alrededor de 350 elementos del ejército y la Policía Federal en los dos estados dedicados a frenar la delincuencia además de los 1500 guardias de seguridad armados que tienen las compañías, pero no se dan abasto. “Es un problema tan basto que necesitamos ayuda de todos: incluso de la población para hacer conciencia”, solicitó Luis Ignacio Olvera, director de Ferromex.

Entre los clúster de producción más afectados ha sido el automovilístico que da empleo a poco más de dos millones en la región.

Fuente La opinión

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