Los verificentros fueron el negocio del exgobernador de Morelos

El gobierno de Graco Ramírez orquestó toda una confabulación para beneficiar a 12 empresas -que no tributan en Morelos- con la concesión del servicio de verificación anticontaminante y dejar fuera a empresarios locales que durante años se habían dedicado a esta actividad.

Para lograrlo, se coaligaron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, de la Secretaría de Hacienda y hasta los diputados de la LIII Legislatura del Estado, en un negocio que producirá 696 millones al año.

El objetivo de la maquinación era que un grupo de empresas previamente “palomeadas” quedara en la lista de ganadoras de la licitación a como diera lugar, para lo cual recurrieron a cosas tan absurdas como eliminar aspirantes por haber escrito el nombre del gobierno estatal con abreviaturas, o por la falta de un buzón de quejas en el establecimiento.

En contraparte, a los empresarios “palomeados”, les perdonaron que algunos tuvieran procedimientos administrativos que ameritaron suspensiones en la Ciudad de México por incumplimiento de la normatividad, y también los esperaron casi un año hasta que estuvieran en condiciones de otorgar el servicio.

El resultado de desaparecer 42 centros de verificación diseminados en todo el estado, y poner en su lugar nueve verificentros con supuesta tecnología de punta, es el congestionamiento vehicular en las entradas de cada uno de estos establecimientos, infringiendo –para empezar- los reglamentos de tránsito de los respectivos municipios.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2017 Morelos registró 707 mil 509 vehículos, mismos que tienen la obligación de pagar 497 pesos cada seis meses para obtener el holograma correspondiente, es decir, 696 millones 188 mil 856 pesos en caso de que el 100 por ciento de esa cantidad cumpliera con su obligación.

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