Huachicoleros en Guanajuato

El procurador Carlos Zamarripa y el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, han sido persistentes y hasta eficaces en esta tarea lo que, sin embargo, no evita que el estado de Guanajuato aparezca una y otra vez en los reportes de alerta como uno de los focos rojos de esa actividad del crimen organizado en el mapa nacional.

Ese día informaron del aseguramiento de unos 2 mil litros de hidrocarburos, equipo para la extracción en los ductos de Pemex, armas de fuego y vehículos robados o alterados en sus números de serie y tablillas de circulación.

Dos días después, en el detalle de la información precisaron los operativos en Irapuato, pero también en Celaya y otros municipios vecinos. En la primera de las localidades la ubicación del predio, las características de los contenedores y de los vehículos robados y alterados, amén de dos personas detenidas. En Celaya, otros vehículos de procedencia ilícita, media tonelada de varilla robada del ferrocarril y alrededor de 600 litros de hidrocarburos. Más armas y más detenidos. Así, hasta Juventino Rosas y Apaseo el Alto.

Este tipo de acciones de las corporaciones a cargo de Zamarripa y Álvar con el respaldo federal dada la naturaleza de los delitos, son ya casi parte de su rutina de trabajo cotidiano.

Desde un ángulo perfectamente entendible destacan el número de operativos, las detenciones y los decomisos de combustible, armas, vehículos y aditamentos utilizados en las fechorías como prueba de la efectividad del aparato de seguridad de la entidad, puede que así sea, pero desde la otra perspectiva obligada esos mismos hechos confirman que a Guanajuato lo asuela el crimen organizado, y aquí es donde el discurso gubernamental se tambalea.

Alerta roja
La acción de 45 células de los cárteles de la delincuencia organizada en una docena de entidades federativas en las que se incluye a Guanajuato se documenta una y otra vez…, sin visos de que esa condición vaya a cambiar.

De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos, Pemex, durante el primer trimestre de este 2016, el número de tomas clandestinas en su red de ductos en el país aumentó 12.3 por ciento respecto al mismo periodo de 2015, al pasar de mil 211 a mil 360 en el incremento relativo sólo al primer trimestre.

Estos ilícitos registran una tendencia incontenible a la alza en los años recientes. Sí, incremento, nada de que “avanzamos en el combate y…” Mientras que en el año 2010, la cifra total de tomas clandestinas fue de 428; en 2011 esa cifra se elevó a mil 25; en 2012, alcanzó las mil 289; para 2013 ya eran 2 mil 133; en 2014 sumaron 3 mil 635, y en el 2015 su tope fue de 5 mil 574. Ojo, únicamente en las tomas contabilizadas por Pemex, así que para imaginar la cifra negra habría que multiplicarlas por el número que pensó.

Obviamente el robo de hidrocarburos en términos de valor se habría incrementado también, al pasar de 4 mil 300 millones de pesos en 2011 a 6 mil millones de pesos en 2012; a 9 mil 320 mdp en 2013; alrededor de 20 mil 645 mdp en 2014 y un estimado de 17 mil millones de pesos en 2015.

A esas pérdidas, es necesario sumar las inversiones de la paraestatal en la reparación de la infraestructura afectada casi de manera cotidiana por el crimen organizado…, y el riesgo para los habitantes de las comunidades en las que se ocultan las tomas clandestinas que suelen reportar incendios y explosiones un día sí y otro también.

Toda la geografía
Desde el año 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) ubicó por lo menos a 45 células de los cárteles “Jalisco Nueva Generación”, “Zetas”, “Del Golfo”, “Tijuana”, “Beltrán Leyva”, “De Juárez” y de “Los Caballeros Templarios” que habían decidido diversificar sus ingresos en paralelo a sus actividades tradicionales del tráfico de drogas, para incursionar en el mercado del robo de combustibles.

Esas bandas de la delincuencia organizada, reporta la PGR, operan de manera regular en los estados petroleros de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, pero también en Chiapas, sí, en Guanajuato, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León, Puebla, Jalisco, Estado de México y hasta en la Ciudad de México.

De vuelta en el discurso oficial, por supuesto que en una proporción similar se habrían incrementado las averiguaciones previas por la sustracción ilegal de combustibles: de 241 casos en 2007 a 3 mil 313 en 2014…, en un aumento que representa una verdadera explosión de la incidencia criminal en esta figura delictiva superior al mil 200 por ciento. La lectura buena y la lectura mala.

En el periodo comprendido del primero de enero de 2006 al 26 de diciembre de 2012, Pemex presentó 6 mil 138 denuncias por delitos relacionados con el mercado ilícito de combustibles, de esas averiguaciones 4 mil 287 fueron por tomas clandestinas.

Hasta febrero de 2013, mil 624 se encontraban todavía en su etapa de integración de la averiguación previa -sin fecha límite-; 135 en procesos abiertos y 69 en procesos concluidos. Apenas el 1.6 por ciento de las denuncias presentadas había culminado…

El delito, pues, sigue en ascenso en todos los rumbos del país, incluido el estado de Guanajuato, con un impacto fulminante además en los índices de corrupción: según los datos oficiales de la paraestatal, de 2006 a 2014, Pemex había interpuesto 141 denuncias penales en contra de empleados y ex empleados suyos por la presunta comisión de delitos relacionados con el robo de combustibles.

Con estos datos en la mano la Cámara baja del Congreso de la Unión solicitaría a la Procuraduría General de la República un informe detallado y público sobre su quehacer para abatir la toma clandestina de hidrocarburos en el territorio nacional.

Desde el 12 de enero de este 2016 hay una “Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos”, pero bueno, por legisladores y leyes no paramos.