24 de Abril de 2017.-Aspectos de los avances en la obra del Tren Interurbano México-Toluca , Edomex.Foto:Benjamín Flores/Proceso

El tren México- Toluca y el tema ejidal

Pese a que un juez ya ordenó “la suspensión definitiva” de la obra del tren interurbano México-Toluca, en el tramo que corre por San Lorenzo Acopilco la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) continúa realizando ilegalmente la construcción de esta polémica vía ferroviaria que daña el equilibrio ecológico y viola los derechos agrarios de los 2 mil 344 comuneros de esta localidad, asentada en una tupida zona boscosa de la delegación Cuajimalpa.

Don Alfredo Reyes Mejía, representante de los comuneros, comenta indignado: “Ganamos el amparo que interpusimos contra la construcción de esa obra, pues la están haciendo en nuestras tierras sin siquiera habernos consultado. El juez nos dio la razón; determinó que esa obra es ilegal y debe suspenderse. ¡Pero nada! Los trabajos continúan. Ahorita dentro de nuestros cerros están perforando un túnel para que por ahí pase el tren”.

Desde lejos, don Alfredo apunta hacia la boca del túnel, abierta en una ancha ladera ya deforestada y recubierta de concreto. Y agrega: “Algunos trabajadores de la obra son de Acopilco y conocidos nuestros. Nos dicen que ese túnel ya está provocando fuertes fugas de agua que provienen de los manantiales de nuestros cerros. Imagínese el daño ecológico que están causando”.

–¿Ustedes los comuneros ya han constatado esas fugas?

–Hemos solicitado que nos permitan inspeccionar, pero ni siquiera nos dejan acercarnos a la obra. Ahí tienen guardias con armas largas que nos obstruyen el paso. Nos dicen: “Váyanse, no los queremos ver por aquí”. Se apoderaron de nuestras tierras a la fuerza.

El líder de los comuneros muestra el documento del amparo 1589/2015, donde textualmente se ordena “la suspensión definitiva” de la construcción. Está fechado el 19 de septiembre de 2016 y lo firma María Luisa Cervantes Ayala, juez decimosegundo de distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

Agrega don Alfredo: “Nuestra lucha es para que se respeten nuestros derechos agrarios, pero también el derecho al agua y al medio ambiente, los cuales se están violando con la construcción de la vía del tren”.

El Tren Interurbano México-Toluca es un viejo proyecto empresarial del Grupo Atlacomulco, al que pertenecen el presidente Enrique Peña Nieto y su primo Alfredo del Mazo Maza, actual candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México.

El tren recorrerá 58 kilómetros a través de los municipios mexiquenses de Zinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma, San Mateo Atenco y Ocoyoacac. Y ya en la jurisdicción de la Ciudad de México atravesará por las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón.

Varias comunidades afectadas arrecian sus protestas e interponen amparos contra la obra por daños ecológicos y atropellos a sus derechos agrarios, entre ellas la de San Lorenzo Acopilco, que interpuso su amparo, ya ganado, en noviembre de 2015 y cuya lucha ya fue abordada por este semanario (Proceso 2064).

Edgar Isaac Salinas García, abogado de los comuneros de Acopilco, asegura: “Para comprender por qué se construye de manera ilegal esta vía ferroviaria deben tomarse en cuenta los actos de corrupción que hay detrás, en los que están coludidos desde el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y algunos de sus subalternos, hasta funcionarios locales. No hay duda; el tren México-Toluca se construye gracias a la corrupción de las autoridades tanto federales como locales”.

Agrega el abogado que, para apoderarse concretamente de los terrenos de Acopilco, la SCT se valió de un funcionario de la delegación Cuajimalpa, Gabino Sandoval Baltasar, a quien desde principios de 2015 reconoció como representante de los comuneros, sin serlo.

Dice que éste fungía entonces como director ejecutivo de Recursos Naturales y Áreas Protegidas de esa delegación política. Y, a nombre de los comuneros, recibió de la SCT 47 millones 149 mil pesos como pago para que el tren pasara por los terrenos comunales. Afirma que se le pagó con el cheque número 0000705 del banco HSBC, que personalmente se le entregó el 28 de agosto de ese año ante la fe de Víctor Manuel Lechuga Gil, notario público número 15 del Estado de México.

Añade el abogado: “Esto es totalmente ilegal, en primer lugar porque Gabino no debía ser funcionario público y a la vez representante comunal, que realmente no lo era. Aquí de entrada ya hay un conflicto de interés. El mismo secretario Ruiz Esparza lo sabía y a pesar de eso, según consta en un documento de su dependencia, este hecho lo consideró como ‘no relevante’.

“Por otro lado, debió darse previamente una asamblea de comuneros, con la asistencia de por lo menos tres cuartas partes de éstos, para aprobar cualquier convenio con la SCT, cosa que tampoco se hizo… En fin, se violó toda la legislación agraria.

“Pero además ninguna instancia agraria le reconoce representatividad a Gabino Sandoval; ni el Registro Agrario Nacional ni la Procuraduría Agraria. Y pese a todo, la SCT lo reconoció como representante y le entregó esos 47 millones del erario, que son los que hasta el momento logramos documentar, porque al parecer fueron 400 millones, lo cual estamos indagando. Por ello, en noviembre pasado interpusimos una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República para que investigue todos estos actos de corrupción”.

–¿Qué delitos pueden haber cometido?

–Para empezar el delito de fraude, ya que se fingió un acto jurídico y se tomó dinero del erario público para dárselo ilegalmente a un particular. Pero el Ministerio Público federal determinará qué delitos cometieron desde el secretario de Comunicaciones y Transportes y algunos de sus subalternos hasta otros implicados.

Alfredo Reyes, el líder de los comuneros, indica que también la empresa que realiza la obra en ese tramo de Acopilco, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), incurre en actos indebidos:

“ICA también está coludida en la corrupción, pues aceptó realizar una obra ilegal que no cuenta con nuestra autorización ni tampoco con permisos y estudios ambientales que debieron hacerse previamente”.

Los comuneros entrevistados detallan, por ejemplo, que no se hizo la manifestación de impacto ambiental sobre los abundantes mantos freáticos de la zona, como lo establece la Ley Federal de Equilibrio Ecológico; ni siquiera han obtenido el elemental “derecho de vía” por parte del gobierno de la Ciudad de México.

“Arbitrariamente empezaron a construir, sin tomar en cuenta los daños ecológicos que ya están provocando”, dice uno de ellos.

Indican que el túnel que construye ICA tendrá más de cuatro kilómetros y medio, atravesará los cerros de Cruz Blanca y Las Cruces –pertenecientes a la Sierra de Las Cruces– y ya está provocando fugas de los manantiales de esa zona montañosa, que surte de agua a algunas colonias de la delegación Cuajimalpa y Álvaro Obregón.

Otro de los entrevistados resalta la gravedad del problema del agua:

“Ante las afectaciones que por la deforestación está sufriendo el Sistema Cutzamala, que surte de agua a gran parte de la Ciudad de México, los mantos acuíferos de esta zona suplen en parte estas carencias. Pero ahora se están viendo muy afectados con la construcción del tren, que por consiguiente también disminuirá el abasto de agua para la ciudad de México”.

En el dictamen técnico Aforo y calidad del agua de los manantiales de Acopilco, elaborado en 2013 por investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, se reconocen los altos volúmenes y la buena calidad del agua de la zona, y se recomiendan medidas para su mejor aprovechamiento. Ahí se señala que “en todos los casos el agua proveniente de los manantiales casi no presenta turbiedad, debido a la baja concentración de sales”.

Mientras que el ingeniero Alejandro Bello Barradas, perito de la UNAM, elaboró otro estudio al darse a conocer que en Acopilco (palabra náhuatl que significa “lugar coronado por ojos de agua”) se construiría un túnel subterráneo para el tren. Ahí señala que “es casi seguro que el túnel drene el agua subterránea… Este drenaje puede llegar a secar los manantiales”.

Sin embargo, la SCT asegura que hasta el momento “no se ha roto ningún manantial” y promete que “no habrá afectación alguna a ellos”, según una nota informativa publicada en el diario La Jornada, el pasado 13 de abril.

Intimidación y represión

El abogado Salinas García, miembro de la comunidad de Acopilco, no cree en los dichos de la SCT, y relata:

“Nunca nos han dejado inspeccionar la construcción. Pero nosotros sabemos, por algunos trabajadores de la obra, que las máquinas perforadoras están afectando los veneros; incluso sabemos de un supuesto retraso de la obra por las inundaciones provocadas. Interpusimos una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la tomó su segunda visitaduría, con cuyo personal hemos hecho recorridos por la zona.

“En septiembre del año pasado, durante una caminata de inspección ocular con gente de la CNDH, intentamos entrar en la obra, pero salieron hombres armados y nos lo impidieron. Portaban potentes armas largas para uso exclusivo del Ejército. Andaban vestidos de civil. Nos dijeron: ‘Quieren boicotear la obra, ¡váyanse!’. Les respondimos que no había necesidad de tal despliegue de fuerza y nos fuimos para evitar hechos violentos”.

–¿Para quién trabaja esa guardia armada?

–Para la empresa ICA. Pero la SCT también destina recursos para contratar golpeadores, manejados por el mismo Gabino Sandoval y quienes ya han reprimido violentamente nuestras manifestaciones de protesta.

Alude el entrevistado a dos golpizas que dejaron a comuneros heridos y con los huesos fracturados. La primera ocurrió el 8 de marzo de 2015, cuando unos 100 golpeadores interceptaron a un grupo de 10 comuneros que se dirigían a una reunión. Los agredieron a patadas y puñetazos. En esa ocasión al líder Alfredo Reyes le hirieron un ojo y a un hijo suyo le quebraron dos costillas y el tabique nasal.

Los volvieron a golpear el 24 de abril de 2016. Ese día los comuneros estaban congregando a los lugareños en la plaza del pueblo para informarles sobre el ecocidio que provoca la obra, cuando llegaron alrededor de 60 golpeadores y los tundieron con tubos y palos. El más lastimado fue el comunero Miguel Guerra, quien tuvo que ser hospitalizado (Proceso 2064).

–Si los golpean y además no se acata el amparo ganado por ustedes, ¿qué recurso les queda? –se le pregunta al abogado Salinas.

–Ahora por fortuna nuestro movimiento tiene más apoyo que antes. Se han acercado a nosotros varios legisladores para ofrecernos su ayuda, tanto del Senado, de la Cámara de Diputados como de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Algunos nos apoyan en nuestra interlocución con las autoridades capitalinas. También nos tienden la mano Greenpeace México y algunas organizaciones campesinas. No estamos solos.

“Además confiamos en que la resolución de la CNDH, que al parecer se dará este mes de mayo, será a nuestro favor por todas las irregularidades que pudo constatar. Por otro lado, nos empezamos a unir con gente de otras comunidades que igualmente se ven afectadas por las obras del tren. Todo esto puede ayudar a que se cumplan nuestras demandas y por fin se suspenda esa obra.”

–¿No piensan aprovechar la actual coyuntura electoral en el Estado de México?

–Nuestro movimiento es social, no político. De manera que no queremos partidizarlo para que no se utilice como botín. Por eso no nos hemos acercado a ninguno de los candidatos a la gubernatura. Aunque, claro, necesitamos el aporte de todos.

–¿No planean emprender drásticas manifestaciones de protesta?

–Nuestra intención es bloquear las carreteras México-Toluca, tanto la libre como la de cuota, o de plano bloquear la construcción de la obra y decirles: “Por aquí no pasa su tren”. Con el apoyo que tenemos actualmente, estamos analizando esas posibilidades. Hasta el momento hemos sido muy correctos… pero con tanta impunidad ya llegamos al hartazgo.

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