Derechos Humanos aboga por Huachicoleros por operativo

Durante el operativo contra presuntos huachicoleros en la comunidad Palmarito Toachapan, municipio de Quecholac, Puebla, en el que participaron elementos militares y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los uniformados incurrieron en violaciones graves a los derechos humanos.

Así lo concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 12VG/2018 dirigida a diferentes autoridades, entre ellas el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al gobernador de Puebla, general Salvador Cienfuegos Zepeda y José Antonio Galilei Fayad, respectivamente, por los hechos suscitados el 3 de mayo de 2017 en esa comunidad, donde en diversos videos se ve que un elemento militar dispara a quemarropa contra un presunto criminal, cuando éste ya está sometido en el suelo.

En el documento, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, destaca que los enfrentamientos armados ocurridos en Palmarito Tochapan entre personas civiles dedicadas a la sustracción ilegal de hidrocarburos contra efectivos militares y servidores públicos federales y estatales, derivaron en la pérdida de la vida de seis civiles y cuatro militares; 26 lesionados -14 civiles y 12 militares-; 13 detenidos -nueve adultos y cuatro menores de edad.

Por ello, la CNDH solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) copias de las correspondientes carpetas de investigación, que dicha autoridad negó, “lo que se traduce en falta de colaboración esa instancia con este Organismo Autónomo en la investigación de violaciones graves a derechos humanos, así como en obstrucción al derecho de acceso a la justicia en agravio de las víctimas, sus familiares y la sociedad”.

Tras su investigación, la CNDH contó con elementos para acreditar las violaciones graves a derechos humanos a la libertad personal y a la presunción de inocencia; a la verdad; a la vida; a la integridad personal; a la legalidad y seguridad jurídica; al interés superior de la niñez y a la debida procuración de justicia, consistentes en la ejecución arbitraria de dos personas; el trato cruel contra 12, incluidos tres menores de edad; la detención arbitraria de dos infantes; la manipulación de un cadáver y la colocación de las armas largas que se relacionaron con dos de los fallecidos, atribuibles a elementos de la Sedena y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla.

También se acreditaron otros hechos violatorios, consistentes en violaciones a la legalidad, seguridad jurídica, debida procuración de justicia y a la verdad atribuibles a servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), PGR, Fiscalía General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública y del Tribunal Superior de Justicia (TSJEP,) estos tres últimos de Puebla.

La CNDH observó con preocupación la impunidad imperante en la sustracción ilegal de hidrocarburos, ya que las personas detenidas por ese hecho no son puestas a disposición de la autoridad competente y cuando se inician las indagatorias respectivas no se judicializan, lo que provoca que no sean sujetas a proceso. Ello, con independencia de la marginación y rezago que privan en comunidades de la “Franja del Huachicol” y falta de políticas públicas para el desarrollo de sus habitantes, disminuir niveles delictivos, desempleo, pobreza y desigualdad.

“Es imperativo que el personal ministerial estatal y federal practique las diligencias necesarias para acreditar la identidad de los probables responsables, con pleno respeto a sus derechos humanos, y, en su momento, ejercitar la acción penal en su contra con todos los elementos de prueba e indicios que no permitan su libertad por falta de elementos o violaciones al debido proceso”.

La CNDH se dijo convencida que el Ejército Mexicano “ha coadyuvado de manera importante con las autoridades competentes en las funciones de prevención e investigación de los delitos para que, en su caso, se impongan las sanciones a quienes infrinjan las leyes; no obstante, ningún delito debe ser combatido con otro ilícito. La obligación de salvaguardar el orden, la paz pública y los derechos humanos se traduce en determinadas formas de actuar por parte de las autoridades, así como en el fortalecimiento de las políticas públicas y de medidas eficaces para la prevención del delito”.

Por ello, el ombudsman nacional recomendó al titular de la Sedena y al mandatario estatal se repare integralmente el daño a todas las víctimas, que incluya indemnización, asistencia médica y psicológica; colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra el personal involucrado, así como en las quejas por manipulación del cuerpo de una víctima y colocación deliberada de armas largas a dos cadáveres, y que el general Cienfuegos Zepeda colabore en la investigación por falta de veracidad en la información proporcionada a la CNDH.

A la PGR se le requirió continuar la integración de las carpetas de investigación por homicidios y lesiones; dejar sin efectos el acuerdo de reserva temporal de la carpeta de investigación contra personal militar y colaborar en la queja que se formule ante la Visitaduría General de esa Procuraduría por irregularidades en la integración de la carpeta de investigación por conductas delictivas contra dos personas, así como dar seguimiento al procedimiento administrativo contra personal responsable de falta de colaboración en la investigación de los hechos.

A Pemex se le pidió en la integración de carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía General estatal, que las instalaciones de esa empresa no se utilicen para resguardar a personas detenidas y colaborar en la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control contra los servidores públicos que autorizaron o consintieron que las personas detenidas permanecieran en la planta de rebombeo de Palmarito Tochapan.

Al gobernador de Puebla se le solicitó implementar políticas públicas para solucionar y combatir la criminalidad en la “Franja del Huachicol”, y en coordinación con los ayuntamientos ubicados en esa zona escuchar a la población y atender sus problemas relacionados con desempleo, pobreza, desigualdad, prevención del delito, violaciones a derechos humanos, acceso a la justicia, educación, alimentación, salud, agua, vivienda e interés superior de la niñez, además de coadyuvar en la selección y evaluación de sus cuerpos policiales, profesionalizarlos y garantizar la seguridad pública, además de dar seguimiento al proceso administrativo que inicie el Consejo de Honor y Justicia de la SSP por omisiones en dictámenes respecto de lesiones sufridas por ocho personas.

Al Fiscal General de Justicia del Estado se le demandó continuar las carpetas de investigación iniciadas por homicidio de tres personas, dar seguimiento a la queja que se formule ante la correspondiente Visitaduría General por omisiones en la integración de las citadas carpetas de investigación, colaborar en la investigación ministerial y procedimiento administrativo contra el agente del Ministerio Público del fuero común involucrado en la retención ilegal de cuatro menores de edad e instruir que las investigaciones ministeriales en que estén involucradas personas relacionadas con el robo de hidrocarburos se integren y determinen a la brevedad, conforme a derecho.

Y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado se le recomendó colaborar en la queja que se formule ante la Comisión de Disciplina de dicho Tribunal por las imprecisiones que se observaron en las necropsias que peritos del TSJEP practicaron a nueve cadáveres, incluidos cuatro elementos del Ejército Mexicano y una persona menor de edad.

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