Depurar proveedores de Pemex disminuiría Huachicoleo: PRD

Ante el aumento de la actividad de los huachicoleros, el perredista y vicepresidente del Senado, Luis Sánchez, demandó al Consejo de Administración de Pemex una depuración del padrón de proveedores de la empresa, al detectarse que hay contratistas posiblemente vinculados con el robo de hidrocarburos.

De acuerdo al legislador, una vez que la Dirección Jurídica de la Paraestatal anunció la cancelación de contratos con empresas particulares, es necesario ampliar las investigaciones porque no basta con sancionar a los dueños de estaciones de gasolina, sino a los grandes contratistas y funcionarios de primer nivel.

En ese sentido, destacó la publicación por parte del titular del Ejecutivo Federal y la entrada en vigor esta semana de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual contempla sanciones severas a empresas que incurran en delitos como pagos ilegales a funcionarios, sobornos, cohecho o beneficios indebidos, contemplando multas millonarias y hasta la extinción de dominio.

Respecto a empresas que son investigadas por la PGR, como la contratista Tapia Construcciones, en cuyos alrededores fue descubierta una toma clandestina para sustraer diésel en marzo pasado, el legislador se pronunció porque se aplique la ley a empresas que trabajan para Pemex y están bajo investigación.

“Pero también están vinculadas con funcionarios que les otorgan contratos y que hay evidencias e investigaciones por parte de la PGR de que estaban ordeñando ductos de la empresa productiva del Estado mexicano”, destacó.

El senador perredista también se pronunció por investigar al ex gobernador del PAN, g Rafael Moreno Valle y alcaldes de Puebla, ya que durante la gestión del mandatario poblano se incrementó exponencialmente el robo de hidrocarburos en el llamado “triángulo rojo”.

Consideró que no se requieren más reformas para sancionar a los llamados “huachicoleros”, que incluso utilizan a niños como escudo para realizar este tipo de robos, sino aplicar las leyes vigentes a empresas que se están beneficiando de este delito, que incluso usan el combustible robado para ahorrar costos en sus vehículos, pero también sancionar a funcionarios federales, estatales y municipales involucrados en esta red de corrupción.

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