Cómo va el Plan Nacional de Infraestructura para “Mover a México”?
En la presentación del Plan Nacional de Infraestructura, el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó: “a mayor y mejor infraestructura, hay más oportunidades de atraer inversiones, generar empleo y mejorar el ingreso de las familias”, y añadió que la zona sur-sureste sería la que tendría la mayor prioridad del Plan Nacional de Infraestructura (PNI), por ser la región “que más lo necesita”.
Se plantearon entonces la construcción de trenes de pasajeros, acceso a Internet de alta velocidad, pozos petroleros de aguas profundas, infraestructura para la extracción de gas shale, plantas hidroeléctricas que aseguraran el agua destinada a consumo humano y riego, así como protección contra inundaciones, gasoductos, infraestructura en salud, y viviendas. Esto es, 743 programas y proyectos de inversión, en el que seis de cada 10 pesos los pondría el Estado, el resto sería de inversión privada.
Para el doctor Marcelo Delajara, director de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el actuar del Gobierno federal demuestra poca congruencia con lo que anunció “con mucha fanfarria”: su Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, “que preveía inversiones multimillonarias durante ese periodo de tiempo, en el que incluso estaban las obras detalladas una por una, pero que, por lo que se observó con la cancelación del Tren a Querétaro es que ese Plan venía, de origen, con fundamentos débiles”.
Sin duda, continúa Delajara, hay poca congruencia en el tiempo de un mismo gobierno en términos de lo que promete y lo que hace. Y si bien es cierto que la caída en los precios del petróleo fue inesperada, el PNI está en entredicho por causas internas e incluso por escándalos de corrupción y, mínimo, debería haber un pronunciamiento del gobierno en el que informe en qué quedó.
En esto coincide Edna Jaime, directora de México Evalúa, quien destaca que hoy la confianza en el país está erosionada porque cada licitación se acompaña de escándalos por conflictos de interés, al grado que la nueva Ley de Obras Públicas, que está ahora en discusión en el Senado de la República, es llamada ya “Ley casa blanca”.
La inversión en infraestructura es también un motor de desarrollo social, al ser una fuente importante en la generación de empleo. Como lo indicó en entrevista para SinEmbargo el investigador Julio Boltvinik Kalinka, una política de crecimiento económico es una política para mejorar e incluye la forma en cómo se puede combatir la pobreza. Sin embargo, en este caso y de acuerdo con la apreciación de la doctora María Fonseca Paredes, la infraestructura no coincide con ese argumento: se ha frenado por la baja producción de las empresas y esto se traduce también en menos empleos y salarios más bajos.
El Gobierno federal estimó que de 2014 a 2018, el crecimiento económico se ubicaría entre 3.5 y 3.8 por ciento anuales, pero con la implementación de las reformas y del PNI se ubicaría en 4, 4.8, 5.1, 5.4 y 5.5 por ciento, también para cada año. La realidad es que el pasado agosto, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) estimó que la economía crecerá este año entre 1.7 y 2.5 por ciento, la cuarta reducción a la baja que hace en 2015. En tanto, mantuvo la previsión para 2016 a un rango de 2.5 a 3.5 por ciento.
Analistas de la calificadora Moody’s también se han pronunciado al respecto y sitúan un crecimiento para el país de 2.3 por ciento para la economía mexicana para este año y entre 2.5 a 3 por ciento para 2016. Incluso sostienen que, a este ritmo, un crecimiento de 3 por ciento podría alcanzarse hasta finales de la década.
Pasaría lo mismo con la Reforma Energética, de la que se verían resultados en mediano plazo; es decir, más o menos a finales del sexenio actual.
Alertaron que la posible caída de los convenios y otras transferencias, comúnmente utilizadas para financiar proyectos de infraestructura, que están programadas para disminuir 23.58 por ciento respecto al monto aprobado en 2015, puede llevar a un aumento en el endeudamiento, dado que los estados pudieran optar por financiar proyectos de infraestructura planeados a través de deuda.
La corrpución, un lastre
El principal objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de acuerdo con l Tercer Informe de Gobierno, es llevar a México a su máximo potencial, es convertirlo en una nación más próspera y equitativa.
“Con la puesta en acción de las seis Reformas Transformadoras en materia económica, el país cuenta con mejores condiciones estructurales para alcanzar un crecimiento más elevado, sostenido, sustentable e incluyente, que facilite el desarrollo y el bienestar de la población”, asegura el documento.
Y así lo afirmó también el Presidente durante su mensaje a la Nación, en el que se debe perseverar en la implementación de la reformas –que seguirán siendo prioridad– para beneficiar a las familias mexicanas.
Dijo que concluirán las grandes obras de infraestructura que tienen proyectas o que ya están en construcción y “continuaremos edificando sobre las bases que hemos cimentado en la primera mitad de esta administración” transformando las instituciones y las políticas, así como cambiando las situaciones cotidianas de inseguridad, injusticia y corrupción.
Para organizaciones civiles, el escenario con menos obra pública, aunado a débiles mecanismos de transparencia, puede profundizar la percepción de corrupción que rodea al Gobierno federal.
“La confianza está erosionada porque cada obra pública importante está acompañada de un escándalo”, destacó Edna Jaime, directora de México Evalúa, al respecto de la Ley de Obras Públicas que está por votarse en el Senado de la República, y que especialistas han bautizado como “Ley casa blanca” o “Ley OHL”.
En el mismo sentido, Eduardo Bohorquez, director de Transparencia Mexicana, alertó que dado que el gasto público se irá reduciendo, las condiciones de competencia al rededor de los contratos podrían ser también más delicadas.
“No habrá más competencia, necesariamente, pero sí puede haber una competencia desleal que siempre incorpora a la corrupción. Menos recursos significan menos proyectos, y más jugadores que buscarán atajos para obtenerlos. Preocupa que el próximo año se tenga un presupuesto acotado y que quienes quieran encontrar la ruta fácil de la corrupción logren hacerlo de manera legal. La corrupción puede legalizarse en México a través de instrumentos como éste”, expuso.
En abril de 2014, Peña Nieto sostuvo que la infraestructura actual era insuficiente; 2015 fue un año de recortes presupuestales y de perspectivas de crecimiento corregidas continuamente a la baja. Para 2016, estas tendencias continúan y las principales reformas parecen no avanzar.
Lo que sería el PNI
– Sector Energético
Según el Statistical Review of World Energy, en 2013, México ocupó el lugar 6 a nivel mundial en producción de petróleo crudo y el 14 en producción de gas natural. El objetivo del PNI en este ámbito, era el de asegurar el desarrollo óptimo de la infraestructura para contar con energía suficiente, con calidad y a precios competitivos.
Para este sector se planearon 93 proyectos como centrales eólicas, gasoductos, subestaciones eléctricas, redes y líneas de transmisión, construcción y remodelación de plantas, terminales de almacenamiento, ductos, etcétera.
El financiamiento sería a través de la instrumentación de la reforma energética “será posible atraer inversiones complementarias que permitirán mantener el superávit energético”.
“El aumento en la inversión estará logrado tanto al incremento del PIB generado por el efecto combinado de las distintas reformas estructurales en proceso de instrumentación y por las oportunidades de negocios que se abren bajo el nuevo marco legal y regulatorio del sector energético en nuestro país”, puede leerse en el documento que desglosa el PNI.
Se preveían entonces hasta 20 mil millones de dólares anuales de 2015 a 2018 a partir de la Reforma.
Sin embargo, la realidad ha sido diferente. La energética, en la que más se han invertido esfuerzos, tuvo un primer descalabro el pasado 15 de julio, al adjudicar solo 2 de los 14 bloques de exploración y extracción de hidrocarburos. La empresa que los ganó, el consorcio integrado por Sierra Oil & Gas S. De R.L. de C.V., Talos Energy LLC y Premier Oil PLC, fue creada apenas en 2014, “es la primera empresa mexicana independiente de petróleo y gas”– según la descripción de su página de Internet– y recibió recursos por 75 millones de dólares de Infraestructura Institucional, entonces propiedad de Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari.
La Ronda Uno fue, o es, el primer paso histórico para abrir los hidrocarburos al capital privado, luego de décadas de férreo control estatal. Representa, además, la consolidación de la Reforma Energética, parte del paquete de “cambios estructurales” promovidos por el Presidente Enrique Peña Nieto.
-Comunicaciones y Transportes
En el Índice de Competitividad Global de 2012 del Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 50 en carreteras, 60 en ferrocarriles, 64 en puertos y 64 en aeropuertos de un total de 144 países. Asimismo, ocupa el lugar 81 de 142 países en infraestructura de telecomunicaciones y contenido digital conforme al índice de conectividad.
En el discurso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), presidida por Gerardo Ruiz Esparza, se ha enfatizado en la importancia de fomentar la construcción de nueva infraestructura de transporte, sobre todo, al ferroviario, al que se le han destinado en dos años, 15 mil 878 millones 400 mil pesos.
Entre los proyectos ferroviarios propuestos en el PNI están el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, el Tren Interurbano México-Toluca, el Tren Transpeninsular, la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la zona metropolitana de Guadalajara, la implementación de Transporte masivo en el Oriente del Estado de México, la Línea 3 y 4, y Ecovía en Monterrey, la modernización del transporte público de la región Lagunera y Sistema de Transporte Articulado en Tijuana.
Fuente Sin Embargo