Cobran grúas hasta 45 veces más que tarifa federal en Puebla

Por la falta de una normativa clara que regule el servicio de grúas en vías de jurisdicción estatal y municipal de Puebla, las empresas cobran hasta 45 veces más que el costo promedio a nivel nacional.
Mientras que en vías federales el cobro promedio por arrastre es de 600 pesos, en el estado es de mil 500 pesos como mínimo y de hasta de 27 mil pesos para vehículos de grandes dimensiones.
Arturo Balderas Moyano, presidente de la organización Corresponsabilidad en el Transporte, señaló además que entre las más de mil grúas que operan en el estado de Puebla apenas el 20 por ciento cuenta con placas y permisos para ofrecer este tipo de servicios, sin que estén reguladas sus tarifas y, por tanto, los clientes no se pueden quejar.
Cobros estratosféricos
De acuerdo con datos de la Dirección General de Autotransporte Federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en las vialidades federales el “banderazo” o inicio del servicio de grúa va de los 282 pesos a un máximo de 472 pesos, más un costo de arrastre por kilómetro de 10 a 17.26 pesos.
En tanto que para el salvamento, que se refiere a las maniobras mecánicas o manuales para poner a salvo y sobre sus ruedas a vehículos siniestrados, las tarifas federales van de 27 pesos por un abanderamiento manual, a 321.5 pesos por abanderamiento con grúa; 268 pesos por custodia del vehículo y de 650 pesos a mil 121 pesos por maniobras según tipo de unidad que haga el arrastre.
Sin embargo los mismos servicios en el estado de Puebla se pueden disparar hasta 27 mil pesos, aseguró el representante de Corresponsabilidad en el Transporte, pues las tarifas dependen de cada “gruyero” o agrupación a la que pertenezcan, ya que no se cuenta con reglas claras en el estado.
Balderas Moyano planteó en un acercamiento con los medios de comunicación que su organización ha detectado esta clase de abusos en el Periférico Ecológico, a raíz de que los automóviles son desviados por la construcción del Segundo Piso de la autopista y a pesar de que los conductores pagan un peaje que debería incluir el rescate en estos casos.
Pedro Mendoza Cruz, subdirector de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), cuestionó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no los puede auxiliar porque no hay tarifas claras.
Ante esa situación el empresario consideró que para regular las tarifas, el gobierno estatal puede recurrir a las fijadas por la Federación.
Anomalías al por mayor
Balderas Moyano citó entre las anomalías del servicio la falta de reglas para el cobro de arrastre, así como de salvamento y depósito de los vehículos.
Además falta un organismo que defienda de manera jurídica a los usuarios de los servicios, que haya corralones autorizados con garantías para las unidades y tarifas establecidas.
Parte de las grúas tampoco tienen los mecanismos necesarios para el arrastre de vehículos pesados, lo que conlleva el maltrato de las unidades y un gasto, incluso superior a las averías generadas en el siniestro.
Tampoco emiten facturas y exigen que los pagos sean en efectivo, esto -según Arturo Balderas- para evadir el pago de impuestos.
Todas estas situaciones pueden representar pérdidas por 10 millones de pesos anuales para las empresas de autotransporte, turismo y carga sólo en cuestión de arrastre.
Por ese motivo la organización civil, junto con las Cámaras Nacionales de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) y de Carga (Canacar), entregó una solicitud al Congreso del estado para que se modifiquen la ley y el reglamento que norman el servicio de arrastre, salvamento de vehículo y depósito de las unidades en vías del estado y municipio.

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