95% del transporte en Sinaloa está sindicalizado y con sobreprecio 

Al amparo de las leyes y reglamentos locales, 89 concesionarios se reparten de manera discrecional el mercado de transporte de carga en Sinaloa -uno de los mayores productores agrícolas del país-, violando las disposiciones constitucionales en materia de competencia y libre concurrencia y ocasionando sobreprecios de hasta 40% en los servicios, de acuerdo con un dictamen divulgado la semana pasada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Ésta realizó una extensa investigación en la que recabó testimonios de los usuarios afectados, entre ellos los empresarios de la construcción y productores agrícolas, quienes admitieron no tener libertad de contratar directamente a sus proveedores, siendo las alianzas de transportistas de cada región las encargadas de repartir los trabajos.

“Lo negociamos con el líder de la alianza, quien designa y rola entre los camiones para que le toque a cada uno viajes. A veces los problemas son entre ellos por las zonas que tienen permisionadas. Yo hago las negociaciones con el líder de la alianza y él se encarga de negociar con los transportistas de otras zonas”, declaró a la Cofece el presidente de la delegación Sinaloa de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Lo anterior consta en el expediente de la investigación que durante poco más de un año efectuó el órgano regulador para indagar la existencia de barreras a la competencia en el mercado de autotransporte en Sinaloa, misma que inició el 5 de junio del 2015 a petición de la Secretaría de Economía.

Producto de la indagatoria, el pasado 11 de agosto emitió el dictamen preliminar IEBC-002-2015, en el que concluyó que existen barreras a la competencia y libre concurrencia en el marco normativo del servicio de transporte de carga en Sinaloa.

Puntualmente, la Cofece halló que la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa (LTTES) y su reglamento establecen un régimen de zonificación para la entrega de permisos de transporte de carga, prevén facultades discrecionales para su entrega, regulan las tarifa e impiden que los usuarios se autoprovean el servicio y prohíjan conflictos de interés al permitir que los transportistas participen en las instancias destinadas a regularlos.
El órgano antimonopolios contabilizó 89 concesiones de transporte de carga (46 personas físicas y 43 morales), de las que emanan 7,285 permisos de zona, definidos por la LTTES como autorizaciones otorgadas para la explotación de un área determinada del territorio del estado, atendiendo un determinado tipo de carga, que puede ser de material para la construcción o de insumos y productos agrícolas.

El grueso de las concesiones es detentado por alianzas de transportistas en las que están inscritos los permisionarios, 95% de los cuales pertenece a un sindicato o confederaciones, entre las que se cuentan las de Trabajadores de México (CTM), Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Nacional Campesina (CNC) y Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

“El productor que requiere el servicio lo solicita directamente a la alianza de transportistas que corresponde a su jurisdicción y ésta le proporciona los vehículos necesarios”, declaró a la Cofece la Asociación de Agricultores del Río Fuerte del Sur, con jurisdicción en el municipio de Ahome, uno de los varios usuarios de servicios de transporte agrícola consultados en la investigación.

Lo anterior fue corroborado por las propias agrupaciones sindicales que dan cobijo a los transportistas: “Las agrupaciones estamos organizadas. Hay un orden equitativo en la distribución del trabajo, son los roles de trabajo”, dijo el secretario general del Sindicato de la CTM estatal, según consta en el expediente de la Cofece.

En una clara muestra de la falta de competencia que priva en el ramo, el órgano regulador encontró que “en 11 de los 18 municipios de Sinaloa existe un concesionario que tiene más de 50% de los permisos de zona con unidades autorizadas para transportar insumos y productos agrícolas, sus derivados y carga en general; mientras que en cuatro municipios un concesionario tiene entre 40 y 50%”.

Al considerar la capacidad de transporte, en 12 de los 18 municipios del estado un concesionario tiene más de 50% de la capacidad para transportar insumos y productos agrícolas y carga en general, mientras que en tres municipios un concesionario tiene entre 40% y 50 por ciento.

Entre las alianzas de transportistas (concesionarios) con mayor poder de mercado figura la de Camioneros de Carga en General de los municipios de Badiraguato, Mocorito, Angostura y Salvador Alvarado, que tiene más de 40% de los permisos de zona y de la capacidad instalada para operar en dichas demarcaciones.

Otro ejemplo es la alianza Transportes de Carga y Materiales de Construcción Gral. Rodolfo Sánchez Taboada, que tiene más de 50% de los permisos de zona y de la capacidad instalada para operar en los municipios de Cosalá, Elota y San Ignacio.
Uno más es la Alianza de Camioneros y Permisionarios de Autotransportes de Carga y Materiales para Construcción, en almacenes, zonas federales y carreteras del estado de Sinaloa”, quien detenta más de 50% de los permisos de zona y de la capacidad instalada para operar en Mazatlán y El Rosario.

En el caso de los materiales de construcción la historia no es diferente, pues la Cofece encontró que en más de una decena de municipios una sola alianza (concesionario) tiene en su poder 50% o más, tanto de los permisos de transporte como de la capacidad instalada de servicio.

Precios se van a las nubes

En materia de precios los usuarios se quejaron ante la Cofece por la nula competencia en materia tarifaria, lo que los deja a merced de los cálculos discrecionales de los concesionarios. “Los aliancistas pelean el acarreo a su propia tarifa de los granos a los puertos sin posibilidad de negociar con ellos”, dijo el productor identificado como Semillas San Rafael.

En el ramo de la construcción, la problemática es idéntica, como lo indicó la CMIC Sinaloa: “Las tarifas varían entre concesionarios y permisionarios; no obstante, existe una ‘tarifa oficial’, la cual es regularmente inobservada… dichas tarifas son únicamente un referente, ya que en todo momento el poder de negociación de parte de los representantes de la alianza transportista en turno es el que dicta la tarifa final que será cobrada al afiliado”.

Tanto la CMIC Sinaloa como productores agrícolas coincidieron en que sus ahorros, en caso de que pudieran autoproveerse el servicio de transporte o contratarlo fuera de las alianzas, irían de 10 a 40% de los costos de transporte.

“No sé exactamente qué tanto ahorro tendríamos los constructores si no tuviéramos que contratar los servicios de las alianzas con estas tarifas, pero yo calculo aproximadamente 30 o 40% de ahorros”, refirió a la Cofece el tesorero de la delegación Sinaloa de la CMIC.

El caso se abrió gracias a las nuevas atribuciones que la reformada Ley Federal de Competencia Económica otorga a la Cofece, mismas que le permiten identificar insumos esenciales y barreras a la competencia en los mercados, con el propósito de dictar medidas correctivas y vinculantes para establecer condiciones de competencia efectiva.

Fuente El economista 

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